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www.La Región Sur.- La Tercera Sala Penal de Apelaciones, integrada por los jueces superiores Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Guillén Ledesma, acogió la apelación de la defensa del expresidente Martin Vizcarra, e inició el trámite citando a las partes a la audiencia que podría definir el futuro inmediato del exmandatario y entra en una fase decisiva donde la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial programó para el próximo miércoles 21 de enero, a las 9:00, la audiencia virtual en la que se debatirá la suspensión de la ejecución provisional de su sentencia condenatoria.
La audiencia se realizará mediante la plataforma Google Meet, y reunirá a las partes procesales para analizar el recurso presentado por la defensa del exmandatario, el argumento central es que el expresidente debería esperar el resultado de la apelación en libertad, en virtud del principio de presunción de inocencia y el derecho a la doble instancia. Este miércoles la audiencia será decisiva: si la sala acoge el pedido de la defensa, Vizcarra podría salir en libertad mientras la Corte evalúa la apelación. de lo contrario, deberá continuar privado de libertad hasta que se resuelva de manera definitiva su situación judicial.
La audiencia ocurre en un contexto marcado por las recientes complicaciones de salud del exmandatario ya que el pasado lunes 12 de enero, Martín Vizcarra, de 62 años, fue trasladado desde el penal de Barbadillo al hospital Lima Este Vitarte, en Ate, bajo estrictas medidas de seguridad. Según fuentes cercanas, el exgobernante habría sufrido una crisis hipertensiva, lo que motivó su evacuación inmediata al centro médico. No obstante, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señaló que el traslado se realizó en el marco de una cita médica programada y que el expresidente regresó al penal en condiciones normales tras recibir atención.
Este episodio se suma al del 19 de diciembre de 2025, fecha en la que Vizcarra presentó una descompensación cardíaca que requirió su traslado al mismo hospital. El caso que mantiene a Martín Vizcarra en prisión se remonta a su época como gobernador regional de Moquegua. La investigación de la Fiscalía de la Nación concluyó que el exmandatario gestionó y recibió pagos ilícitos a cambio de favorecer a las empresas Obrainsa e ICCGSA en licitaciones públicas. Como resultado de esta investigación, el Poder Judicial lo sentenció a 14 años de cárcel y le impuso una inhabilitación de nueve años para el ejercicio de la función pública. No obstante, la defensa del exjefe de Estado, a cargo del abogado Erwin Siccha, sostiene que existen vicios de fondo en el proceso y que la condena debe ser revisada por un tribunal superior. – Con información de Infobae.
