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Vacancia, justicia y una deuda pendiente con el Perú
Por: Aury Meneses
02/03/2023
La política peruana vuelve a girar sobre un tema que nunca debió quedar relegado por el paso del tiempo: las muertes ocurridas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023. El Congreso de la República ha dado cuenta de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, una decisión que reabre el debate sobre la responsabilidad política y el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
No se trata únicamente de una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tampoco debería verse como un nuevo capítulo de la permanente confrontación política que ha caracterizado al Perú en los últimos años. Detrás de esta moción existen familias que perdieron a sus seres queridos, comunidades que aún esperan respuestas y un país que sigue dividido por uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente.
Dina Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, luego de su fallido intento de quebrar el orden constitucional. Lo que vino después fue una ola de protestas que, en varias regiones del país, terminó con un alto costo humano. Más allá de las posiciones ideológicas, esas muertes siguen siendo una deuda pendiente para el Estado.
La democracia no puede sostenerse únicamente sobre discursos de gobernabilidad. También exige transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos humanos. Cuando ciudadanos pierden la vida en medio de protestas, el Estado tiene la obligación de esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, sin importar el cargo que ocupen los involucrados.
Pero tampoco podemos ignorar que la vacancia presidencial se ha convertido, con demasiada frecuencia, en una herramienta de confrontación política. El Perú ha visto desfilar presidentes, crisis ministeriales y enfrentamientos entre poderes del Estado que han debilitado la institucionalidad y generada desconfianza ciudadana. La estabilidad también es un valor democrático que merece ser protegido.
La gran pregunta es si este proceso buscará realmente justicia o si terminará siendo otro episodio de la polarización política. Los peruanos necesitan respuestas, no espectáculos; decisiones sustentadas en hechos, no en cálculos partidarios.
El Congreso tiene el deber de actuar con responsabilidad y la presidenta, la obligación de responder ante los cuestionamientos que pesan sobre su gestión. En una democracia, nadie debe estar por encima del escrutinio público ni de la ley.
El Pulso Final
Las heridas que dejaron las protestas no cicatrizarán con discursos ni con nuevas disputas políticas. Solo la verdad, la justicia y el respeto al Estado de derecho podrán devolverle al Perú la confianza que tanto necesita. Porque cuando la política olvida a las víctimas, pierde su razón de ser; y cuando la justicia tarda demasiado, la democracia también comienza a debilitarse.
Como siempre digo en El Pulso de Aury, el poder es pasajero, pero las decisiones de quienes gobiernan dejan huellas permanentes en la historia. El Perú necesita autoridades que respondan por sus actos e instituciones que actúen con independencia, para que ninguna muerte quede en el olvido y para que la democracia se fortalezca con verdad y justicia, no con impunidad.
