DIRIGENTES DE COMUNEROS, INVENTARON CONFLICTO PARA EXTORSIONAR A LA SPCC

DIRIGENTES DE COMUNEROS, INVENTARON

CONFLICTO PARA EXTORSIONAR A LA SPCC

 

• Comunidad Coscore, es la “madre del cordero” de conflicto contra la Spcc.
• Pseudo dirigentes reclaman ser propietarios de dominios mineros, pero no definen sus propiedades con los verdaderos herederos.

 

Periódico Digital La Región Sur, 21, marzo 2022.- Este conflicto que ha generado el reclamo de pseudo dirigentes que quieren “llevar agua para su molino”, reclamando lo que en realidad no les pertenece, están generando problemas donde los llamados comuneros, podrían “perder soga y cabra”, si en realidad la denuncia que tiene los herederos de estas tierras eriazas que están bajo el control y dominio del estado, se esclarezca en el poder judicial.

UNA HISTORIA DE MAS DE 50 AÑOS DE ANTIGUEDAD

De acuerdo a nuestras indagaciones a fuentes de crédito, documentos y testimonios, la historia nace hace más de 50 años atrás, cuando el verdadero propietario de las tierras que ahora ocupan las comunidades de Coscore, Tala y Pocata, pertenecía según nuestras fuentes a don Abad Coscore, de allí el nombre de Coscore y que genera una historia que parece salido de una leyenda, pero lo cierto es que este agricultor tuvo dos Hijos un varón y una mujer que en el transcurso de los años, el hermano vendió sus propiedades a la hermana, en esos tiempos del gobierno de Ramon Castilla, se formó la comunidad de Coscore, luego según fue “creciendo la familia”, se convirtió en una comunidad de 120 personas más o menos, quienes también conformaron la comunidad de Pocata y Tala, en una extensión de 39,008 hectáreas de terrenos agrícolas, las que están debidamente registradas.

 

DIRIGENTES VENDIERON TERRENOS

 

En el año 1940 aproximadamente la empresa Southern consigue las autorizaciones del estado peruano, de los terrenos eriazos colindantes con los de las comunidades, las mismas que en estos momentos son motivo de reclamos por parte de los verdaderos herederos de los terrenos, quienes le entablan un juicio al estado, juicio que está en curso y que en cualquier momento podría llegar a su fin, dependiendo de cuanto el gobierno asuma sus responsabilidades de solucionar los conflictos mineros a las que al parecer no le da importancia.

 

Sin embargo, lo que no dicen los comuneros de Pocata Coscore y Tala, es que ellos vendieron los terrenos que en este momento ocupa AAQ, y que el destino de esos dineros nunca se habría dado a conocer a los verdaderos herederos, menos a los comuneros que dicen representar, quienes tienen todo el derecho de saber qué se hizo con esos dineros y a donde fue a parar. Allí está el motivo de la bronca de ambas partes, los que son legítimos propietarios y los que se irrogan la propiedad, que piden 5 mil millones de dólares como resarcimiento de algo que no les pertenece, situación que deberán responder los dirigentes Deonilda Flores e Iván Mendoza y además de ocho dirigentes más, ante la justicia.

 

NACEN COMO COMUNIDAD,

 

El año 1980, nace la comunidad de Coscore, Pocata y Tala, pero solo de 39,008 Hectáreas contando con todo los documentos en regla y registrados en Registros Públicos, y es cuando aparece en el escenario Anglo American Quellaveco que les compra los terrenos que están en sus dominios, para entonces los herederos de los verdaderos propietarios, reclamaban al estado la propiedad de los terrenos eriazos, que son terrenos colindantes con los terrenos de la comunidad, mediante una denuncia, las mismas que la empresa Southern había adquirido los derechos mineros y permisos correspondientes al estado de los terrenos eriazos contiguos a los de la comunidades en el año 1940 aproximadamente. O sea, los comuneros son los vecinos de la Spcc ya que los terrenos eriazos son de propiedad del estado y que la empresa tiene los derechos de uso adquirido, por lo tanto, los comuneros no tienen derecho alguno sobre estos terrenos.

 

De otro lado, estos terrenos eriazos están en litigio entre los verdaderos  herederos y el estado, quienes deben dar la solución al reclamo de los herederos, es el estado y no la empresa Spcc que tienen los derechos mineros y licencias para ocupar dichos terrenos, aquí viene una interrogante, ¿Qué pasaría si el estado le da la razón a los verdaderos herederos como que parece que va ser así?, Todas las ventas efectuadas por los pseudo dirigentes como Iván Mendoza y Deonilda Flores, serían ilegales, por lo tanto, la venta de esos terrenos a Anglo American Quellaveco no tendrían valor legal, situación que los ponen a estos dirigentes, “entre la espada y la pared”, y al no tener cómo responder a los verdaderos herederos y propietarios genuinos de esos terrenos sobre el destino que le dieron a los dineros por la venta,  tratan de desviar la mirada de los comuneros, “fabricando” un conflicto mayor sin precedentes con la empresa Spcc, conflicto que está afectando a más de dos  mil trabajadores, con la paralización de sus operaciones en la mina, la fundición y a cinco mil familias del campamento de Cuajone, poniendo en peligro de muerte, además del tremendo perjuicio a las que están sometiendo al país que ha dejado de percibir alrededor de más de 4.2 millones de dólares diarios, y como canon minero más de 6.2 millones que debería ir a los gobiernos regionales y locales.

 

DIRIGENTES TENDRAN MUCHO QUE EXPLICAR A LOS COMUNEROS Y A LA JUSTICIA.

 

En estos momentos los dirigentes de los comuneros fueron denunciados penalmente, y no les queda otra cosa que recurrir a practicas que van contra la vida y la salud de una población de más de 5 mil ciudadanos del campamento Cuajone, a quienes les cortaron el abastecimiento del agua, líquido elemento indispensable para sobrevivir, el solo negar al hombre es ir contra la naturaleza de la supervivencia, por lo tanto, evitar el abastecimiento y consumo de agua, por los  padres, madres, hijos y niños, además de atentar contra los pacientes del hospital donde hay personas que luchan por sobrevivir a diferentes males,  es un delito.

 

VIL CHANTAJE CON APOYO DEL GOBERNADOR Y CONGRESISTA

 

Los reclamos de los comuneros no tiene nada que ver con los terrenos donde opera la Spcc, es de por sí una manera vil de chantajear y extorsionar para lograr el pago de 5 mil millones de dólares y para lograrlo no tuvieron nada de reparos para irse contra la propiedad privada, como el daño a la línea del tren, con el apoyo de un abogado que si el gobierno “se pone firme en sus decisiones” como debería ser, también “perdería soga y cabra”, porque no tendría de donde cobrar, además cuentan con el apoyo de un gobernador, como Zenón Cueva, que no repara en cambiar de rostro de acuerdo a la ocasión, porque “ayer decía que solo la Spcc será el culpable de lo que pase en estas comunidades” y al día siguiente anuncia que recurrirá a la empresa para que lo ayude con un proyecto, sin recordar que si la empresa ha dejado de operar, no hay tributos, manejando doble discurso con una doble moral, igual que el mismo congresista Samuel Cuayla, que también es comunero, y con un discurso “incendiario” promueve la violencia.

 

NO LES QUEDA OTRA QUE CONFUNDIR A LA OPINION PUBLICA.

 

La denuncia contra los dirigentes fue admitida por el Poder Judicial y para el día de mañana 23, debería llevarse a cabo la inspección ocular en el lugar de los hechos, situación que les ha obligado a los denunciados a plantear una nueva propuesta a la empresa, que levantarían las medidas de fuerza si retira la denuncia contra los dirigentes y esa preocupación de irse posiblemente presos, le ha obligado a confundir a los comuneros y a la opinión, pública “fabricando” un conflicto, reclamando lo que no se ajusta a la realidad, situación que el estado debe asumir y dar la solución como corresponde.